Presión adicional: La indexación salarial elevaría inflación a 60% y Prevén técnicos del BCV Ajustes salariales dificultarán el manejo del dinero circulante

Para el año 1997 en la Venezuela del pasado el Gobierno aspiraba que los partidos políticos modifiquen la propuesta de ajustar anualmente el salario mínimo, de tal manera que represente 75% del precio de la canasta alimentaria. Plantea el Ejecutivo que esto traería consecuencias negativas para una economía que empieza a ``despertar'' La propuesta de los partidos políticos en el sentido de que el salario mínimo se ajuste anualmente de tal manera que represente 75% del costo de la canasta alimentaria, constituye una indexación porque se condiciona al Indice de Precios al Consumidor la modificación anual de la remuneración, lo cual iniciaría una escalada de aumentos. Fuentes gubernamentales aseguraron que esto elevaría la meta inflacionaria prevista en 35% a 50% ó 60%. Crearía una presión adicional a la ya existente por los costos que deben ser asumidos tanto por el Estado, como por las empresas, tras la modificación del régimen de las prestaciones sociales. Una norma legal como ésta ``no permitirá bajar la inflación'' y la economía se acostumbrará a vivir con niveles de 60%. Las fuentes aseguraron que la característica de la economía venezolana no permite que se llegue a una hiperinflación como las vividas en Perú, Argentina o Brasil. El petróleo se convierte en una barrera para que esto no ocurra. Ofrece un margen de maniobra, pero a su vez constituye un componente inflacionario porque es una renta que se legitima en la sociedad sin que esta tenga que ver con la producción de bienes y servicios. No obstante, técnicos consultados señalaron que una escalada ``moderada'' de precios es peor que una hiperinflación, ``porque al menos esta última obliga a tomar medidas drásticas, mientras que con la otra se colocan parches y se buscan soluciones coyunturales''. La población vive una ilusión monetaria porque todos los años, tomando en cuenta el valor de la canasta alimentaria, las empresas deberán aumentar los sueldos, convirtiéndose en un círculo vicioso. La canasta alimentaria se incrementará como consecuencia de las expectativas inflacionarias. Esta propuesta que, en principio, busca mejorar los salarios, se convierte en una bomba de tiempo, especialmente en una economía que no ha logrado recuperarse del todo. Al gobierno le preocupa esta situación porque para este primer semestre la economía dará cuenta de una recuperación. Una ley laboral, que incluye el tema de la indexación, echaría por tierra estos logros. Los técnicos recordaron que en los últimos 15 años la inflación no ha bajado del 25% lo que explica el empobrecimiento de la población. ``Desterrar este mal tiene sus costos iniciales. Se debe mantener una disciplina hasta lograr que los salarios se recuperen en términos reales''. Se trata de un proceso lento que puede alejar justamente los objetivos que se persiguen. Las autoridades del instituto emisor propondrán al Ministerio de Hacienda que incremente a 600 millardos de bolívares las emisiones de bonos de la deuda pública en el mercado local para tratar de retirar aceleradamente los excedentes monetarios De acuerdo con las evaluaciones de los técnicos del Banco Central de Venezuela el incremento de los sueldos y los adelantos de prestaciones sociales generarán una fuerte presión sobre la economía a mediados del próximo semestre que multiplicarán en proporciones alarmantes la cantidad de bolívares que están circulando en manos del público. La principal preocupación del BCV está en evitar que la masa de circulante alcance un alto nivel, el cual pueda tener incidencia en el crecimiento de los precios y desajuste la meta de inflación para este año que se ha calculado en 35%. Fuentes del instituto emisor precisaron que ya el Gobierno ha sido informado sobre las repercusiones que podría tener el desbarajuste monetario sobre el resto de las variables (inflación, tasa de interés, tasa de cambio). Al BCV se le ha restringido la posibilidad de manejar los excedentes de dinero, puesto que el lote de Títulos de Estabilización Monetaria (TEM) en circulación ya es muy alto (1,56 billones de bolívares) y los costos financieros de estas emisiones (pagos de intereses) se ubican en 175,44 millardos de bolívares, según cifras de Softline Consultores. Como respaldo a las colocaciones de los TEM, sólo se ha instrumentado la emisión de nuevos bonos de deuda pública por 450 millardos de bolívares, que entregará próximamente el Ministerio de Hacienda al BCV para que ejecute su política monetaria. Las evaluaciones hechas por los técnicos del instituto emisor reconocen que las emisiones de TEM y de los 450 millardos de bolívares en nuevos bonos resultarán insuficientes para recoger el exceso de moneda entre los meses de agosto y octubre. Para hacer frente a la hemorragia monetaria que se dará a mediados del próximo semestre, el BCV propondrán al despacho de las finanzas públicas que incremente a 600 millardos de bolívares el lote de bonos de deuda pública que le entregará este año para saldar parte de las acreencias que tiene pendiente Hacienda con el Central. Asimismo se está considerando la posibilidad de plantearle a Petróleos de Venezuela que financie parte de sus proyectos con emisiones de papeles en el mercado interno. Esta propuesta permitiría recoger una significativa masa de dinero a un costo financiero mucho más bajo de la que representan los TEM o los bonos de la deuda pública. Se ha previsto que las transacciones (importaciones) que se darán a través del mercado cambiario en la segunda mitad del año ayudarán a absorber los excedentes de circulante. Como medida extrema las autoridades monetarias estaría considerando de nuevo la posibilidad de incrementar el encaje legal (12% de los depósitos de los bancos que son colocados en una cuenta especial en el Central) o establecer un encaje remunerado.