El Ministerio Público reanudará las investigaciones sobre las cuentas mancomunadas del ex presidente Carlos Andrés Pérez.
Según el fiscal general, Iván Darío Badell, a quien este columnista consultó en exclusiva para El Nacional, ya la Corte de Apelaciones de Nueva York rechazó la petición de una de las partes de negar el acceso a las cuentas, que para la Fiscalía sí existen en bancos de esa ciudad.
La decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York ocurre después que el Tribunal de Salvaguarda solicitó una rogatoria.
Ahora la Fiscalía de Venezuela puede, sin problemas, solicitar la información que considere necesaria para el segundo juicio al ex presidente Pérez en Caracas.
Esta es la opinión de la Fiscalía.
En esta columna averiguamos qué ocurrirá con este nuevo proceso.
Lejos de ser perecista, tengo la obligación de informar verazmente, como lo desearía el presidente Caldera.
La historia de las mencionadas cuentas comienza con un depósito de 35.000 dólares en Nueva York. La persona que lo hizo incluyó el nombre del ex presidente Carlos Andrés Pérez.
La misma cuenta recibió algunos depósitos menores de algunos donantes para la Fundación de Ayuda al Indígena, que alguien presidía en Caracas.
Parlamentarios adversos a Pérez fueron a Nueva York después del colapso del Banco de Comercio Internacional. Habían logrado el acceso a las cuentas porque plantearon el caso como una investigación sobre ``lavado de dólares''.
Recibieron un voucher, pero de otro depósito de 400.000 dólares sin el sello del banco.
En esa oportunidad, el fiscal dijo tener noticias de otras cuentas y planteó el problema en Salvaguarda, tribunal que acogió su solicitud y pidió la rogatoria.
La Fiscalía de Nueva York dijo tener abierta la investigación, pero se abstuvo de revelar más detalles.
La delegación de la Contraloría de Nueva York inició sin éxito otra investigación.
En ese momento, un juez había prohibido el acceso a la cuenta de la persona señalada en la solicitud. El error de esta persona fue firmar al abrir la cuenta, como Pérez, y ese es el dilema.
Si Pérez desautoriza esa firma, es posible que aquella persona deba enfrentar un juicio en Estados Unidos. Si la reconoce, deberá explicar a la justicia venezolana el destino de los fondos.
El acceso a las cuentas permitirá demostrar si ocurrió ese depósito de 400.000 dólares, atribuido a Cecilia Matos. Los abogados de ésta demandaron en Nueva York y advirtieron que el depósito fue un montaje de una de las empleadas hispanas del banco, enemiga de la señora Matos.
La rogatoria fue solicitada por Salvaguarda en marzo de 1996. La petición incluía información urgente sobre posibles cuentas mancomunadas que permitiría a la Fiscalía un nuevo juicio por ``signos externos de enriquecimiento''. Yo no apuesto al éxito de este juicio.
SE COMPLICA PRIVATIZACIÓN DEL ALUMINIO
Definitivamente, la privatización de las empresas del aluminio deberán esperar, y mucho.
El Fondo de Inversiones envió al Congreso los proyectos de contrato y la Comisión ni siquiera ha elaborado el informe.
Lo más serio es la oposición de AD a la propuesta del ministro Alberto Poletto. Henry Ramos Allup, jefe de la fracción parlamentaria de ese partido, hizo esta confesión en la organización y a este columnista.
-AD está examinando los contratos del aluminio con lupa, y con una lupa muy grande.
No es que nos van a aceptar unos contratos que están en principio dirigidos a favorecer a dos empresas.
Además -dice Ramos Allup-, antes de autorizar esos convenios debemos pasearnos por las experiencias privatizadoras del pasado: Viasa fue un desastre, la Cantv otro desastre y, como si fuera poco, Aeropostal fue otro desastre.
Conclusión, no hay consenso político para privatizar esas empresas este año.
Si las cosas se enrumban, es posible que salga antes de diciembre de 1998, pero me imagino que corresponderá al próximo gobierno y no al actual firmar los convenios... Aquí puede pasar de todo.
Reproduzco textualmente lo que me dijo Henry Ramos Allup:
-En el aluminio, y esto se lo hemos dicho al Gobierno, por ejemplo, la privatización de las empresas estaba preparada para que ganaran Alcoa y Alcasa, es decir, para salir de un monopolio estatal venezolano y engrosar un monopolio extranjero. Nosotros vamos sin prisa pero sin pausa, por lo menos en Acción Democrática no nos van a arriar. Estos contratos los estamos viendo con lupa para garantizar que el que quiera participar que participe, no queremos que se sigan constituyendo monopolios, eso atenta contra el Estado y, por cierto, te digo una cosa: algunas de esas bancas de inversión que están aquí dizque trabajando para el Gobierno venezolano, trabajan al mismo tiempo en el exterior para algunas de esas empresas que están aquí tratando de participar en la licitación. Yo estoy seguro que Merryl Lynch en el exterior trabaja para Alcoa.
MAS INVESTIGACIONES A BANQUEROS
La Contraloría General de la República reanudó investigaciones a otros banqueros distintos a Orlando Castro.
El contralor Eduardo Roche Lander ha exigido a las autoridades de Nueva York informaciones sobre posibles transacciones de esos personajes.
Hemos exigido algunas pruebas, pero la Fiscalía de esa ciudad ha condicionado la entrega de informaciones a la discreción, porque según ellos aquí se utiliza para fines publicitarios de carácter político y esa no es la forma como trabajan en Estados Unidos. Esto lo dijo el señor contralor. Creo que los norteamericanos tienen razón.
OTRA INVESTIGACIÓN
Los helicópteros Bell para las Fuerzas Armadas darán que hablar antes de fin de año. La Contraloría militar ya objetó el contrato por diferencia de precio de dos millones de dólares por unidad en las cotizaciones de la empresa fabricante. La Agusta, una firma italiana, había informado de precios menores.
Le pregunto al ministro de la Secretaría y me dice que el Gobierno investiga este caso. Nada mejor para esa investigación que la Contraloría de las Fuerzas Armadas.
En el caso de la Agusta, es una empresa que estuvo al borde de la quiebra y fue rescatada por el Estado italiano. Antes había estado envuelta en varios procesos nada claros.
La Corte Suprema de Justicia revocó la decisión del Tribunal Superior declarando que el amparo intentado por los abogados del animador Daniel Sarcos es inadmisible porque esa medida se basó en violaciones propias de ser denunciadas en sede casacional, más no en sede constitucional. El amparo se originó contra la sentencia de la juez Cuarto Civil, Maura Meza.
El 6 de agosto de 1996, la juez había decretado medida cautelar innominada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 588, parágrafo primero del Código de Procedimiento Civil, mediante el cual se prohibía la difusión de la imagen de Sarcos en un canal de televisión, específicamente en los programas Sábado Sensacional y Kino Táchira.
Nadie cree la canallada contra Italo del Valle Alliegro. No es posible que la opinión de un bandido que buscaba provechos procesales pueda más que la trayectoria de un militar, a quien la democracia y los venezolanos le debemos tanto. Es posible que siga esta carnicería moral? Se puede discrepar de Italo, se le puede criticar, pero acusarlo de narcotraficante es sencillamente una inmoralidad. Todos sabemos que es inocente, pero quién le devuelve su reputación?